En una entrevista de una emisora de televisión, con conocida afinidad por Coalición Canaria, el Vice-Consejero de la Presidencia, Don Javier González Ortiz, vertió opiniones descalificatorias a los sectores críticos con la Policía Autonómica.

Desde UPyD, sin lugar a dudas, nos sentimos aludidos, ya que nuestra postura ha sido claramente contraria a la constitución de dicho nuevo cuerpo policial. En contraposición a la mantenida por el Partido Socialista Canario, que ha dependido de su nivel de apoyo a Coalición Canaria, y sin mencionar la sumisión absoluta del Partido Popular a los intereses de Coalición Canaria. Sumisión que por otra lado, ha causado graves problemas internos en el Partido Popular, como la salida de María San Gil de la ponencia política.

En primer lugar, decirle al señor González Ortiz que no somos demagógicos, somos ciudadanos críticos. En cambio, demagógicas si son las justificaciones que da en sus respuestas. En este sentido, dice el señor Vice-Consejero, que las críticas al tremendo costo inicial de ponerla en marcha (17 millones de euros al corto plazo y 150 millones de euros en el medio plazo) no están justificadas, ya que es una suma menor comparada, por ejemplo, a la de sanidad, cuyo presupuesto es de 2.870 millones de euros. Según el Vice-Consejero, es demagógico decir que estas cantidades podrían solucionar, por ejemplo, las listas de espera en Sanidad. UPyD cree que el hecho de que un paciente de oncología tenga que esperar tres meses para la realización de una prueba, sí se pueda solucionar con 17 millones euros más para la sanidad canaria.

Es más, demagógicamente, continua el señor Vice-Consejero diciendo que con ese argumento, el de usar los recursos para las necesidades, tampoco tendríamos Policía Nacional y Guardia Civil. Si bien, el argumento real defendido por UPyD es que la seguridad está cubierta en las islas por los cuerpos nacionales, y es la ampliación de esta lo que habrá en todo caso que negociar y exigir al Gobierno de Zapatero.

No hay que solicitar que se transfiera a la Comunidad Autónoma Canaria el costo del déficit de efectivos, sino que se aporten los efectivos. ¿No sería más eficaz negociar con el Estado los efectivos de policías nacionales o guardias civiles que son necesarios?

Otro de los argumentos utilizados por el Vice-consejero es la eficacia en la “protección de los niños cuando salen de los edificios públicos, que son los colegios”. Cuando la excelente imagen nacional e internacional que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional es precisamente por su eficacia. En este sentido, UPyD ya criticó las descabelladas declaraciones realizadas durante la pasada campaña electoral por José Miguel Ruano, Consejero de Presidencia, en las que vincula los crímenes en las islas con la ausencia de una policía autonómica. Declaraciones que fuerón una auténtica irresponsabilidad.

 

Desde UPyD creemos que lo realmente interesante para los ciudadanos es saber en qué va a mejorar la seguridad ciudadana de Canarias 300 efectivos de la Policía Autonómica, que no pueda mejorar el aumento de esos 300 efectivos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Tampoco nos vale el argumento de que como Comunidad Autónoma tenemos el derecho a tener una policía como otras y con ello todos los canarios estaremos más orgullosos de serlo. Siendo este el clásico, y erróneo argumento, de anteponer los derechos colectivos a los derechos individuales, primando el derecho como pueblo a tener una policía, frente al derecho, como ciudadano, de hacer una gestión eficiente de los fondos públicos. Los ciudadanos de Canarias estaremos orgullosos con una gestión más pragmática, y una administración más cercana que se enfoque a resolver mejor los problemas cotidianos de los ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma.

Ante esta falta de datos objetivos, desde UPyD Canarias pensamos, que la obsesión del Gobierno de Canarias por la policía autonómica está relacionada con sus ansias por el control de la policía judicial, que es la que presta servicios al poder judicial y al ministerio público para la investigación de delitos y ejecución de sentencias.

Desde UPyD, pedimos, nuevamente, al Gobierno de Canarias que desista en su intento de crear la policía autonómica.