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Cospedal llama a la responsabilidad de los votantes del PNV para que rechacen la consulta |
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martes, 15 de julio de 2008 |
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Destaca que el recurso vaya firmado por 50 senadores y 50 diputados, como muestra “contundente” del rechazo del PP La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, aseguró esta tarde que el recurso presentado hoy por el PP ante el Tribunal Constitucional contra la consulta de Ibarretxe ha sido firmado por 50 senadores y 50 diputados de esta formación política como muestra contundente del enorme rechazo que produce en su partido la conducta del lehendakari. Así se expresó Cospedal en una comparecencia ante los medios de comunicación, esta tarde en el Senado, en el transcurso del pleno de ratificación del Tratado de Lisboa. La también senadora popular comenzó su intervención condenando la frase pronunciada esta mañana por varios dirigentes políticos que simpatizan con el plan de Ibarretxe, “la legalidad no puede ser obstáculo para la democracia”. En opinión de la número dos del PP, esa frase no es propia de un demócrata, porque, recordó, “todos los poderes públicos están sujetos a la legalidad y un gobernante que no cree en esto no cree en la democracia”. A continuación, la secretaria general del Partido Popular hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos los simpatizantes y militantes del PNV. Así, recordó las declaraciones realizadas por el alcalde peneuvista de Bilbao, Iñaki Azkuna, que esta mañana ha mostrado de forma clara y sin ambages su rechazo a la consulta. “Los vascos –dijo Cospedal- no se merecen un presidente como Ibarretxe. Por eso hago un llamamiento a los afiliados del PNV, muchos de ellos personas muy sensatas”.
La senadora del PP se mostró convencida del éxito del recurso presentado hoy ante el TC por su partido. Por eso censuró que el Gobierno Vasco tenga pensado destinar cinco millones de euros a los preparativos de una consulta que, con mucha seguridad, va a ser suspendida por el Constitucional. A este efecto, reclamó del Gobierno de España que vigile, analice y fiscalice todos los actos jurídicos y económicos que lleve a cabo el Ejecutivo de Vitoria en relación a la consulta recurrida. “Aparte de un despilfarro en un momento de grave crisis económica estamos hablando de una actuación contraria a derecho”, concluyó Cospedal.
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