La concejal de Patrimonio Histórico de La Laguna, Cruci Díaz, informó ayer de que desde la entrada en vigor del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna, en el año 2006, se han iniciado 46 expedientes  de ordenes de ejecución sobre inmuebles catalogados que no se encontraban en las condiciones de ornato y seguridad que se establece en la normativa vigente de la Ley de Patrimonio para los propietarios de los mismos. De los citados expedientes se han iniciado en el año 2006 diecisiete (17) y en el presente año 2008  veintinueve (29).

Los inmuebles se distribuyen a lo largo del  trazado histórico y se localizan de la manera que sigue:

1.    Calle de la Carrera y San Agustín: 12 inmuebles.
2.    Calle Marqués de Celada y calle Anchieta: 10 inmuebles.
3.    Calle Bencomo y calle Tabares de Cala: 8 inmuebles.
4.    Manuel de Ossuna y calle Herradores: 6 inmuebles.
5.    Calle Juan de Vera y Rodríguez Moure: 4 inmuebles.
6.    Calle Nuñez de la Peña, Plaza de la Concepción, calle Capitán Brotons,   Santo Domingo y calle Candilas: 6 inmuebles.


La concejal ha informado de que de estos expedientes, al menos uno de ellos se encuentra más avanzado, de modo que ya se puede acceder al mismo y llevar a cabo el proyecto  necesario para cumplir con los aspectos requeridos por la Ley, es decir, para recuperarlo, de modo que se den las condiciones requeridas en lo que se refieren al mantenimiento de los aspectos de seguridad y ornato.

 

Díaz explica, asimismo, que este tipo de procedimientos se llevan a cabo en colaboración estrecha con la Gerencia de Urbanismo, que, a través de la Inspección Técnica de la Edificación, tiene los instrumentos necesarios para requerir a los propietarios de inmuebles catalogados que mantengan sus viviendas en condiciones óptimas de seguridad. Si se cumplen todos los plazos y no se recibe respuesta de los propietarios es cuando se procedería a la ejecución subsidiaria, solicitando por vía judicial la intervención en esos edificios para garantizar la seguridad de los habitantes y el entorno.

Según la concejal “lo normal es que no se llegue a este extremo, de hecho, en buena parte de los casos, el propietario responde al requerimiento de Urbanismo y no es necesario intervenir, de lo que nos alegramos puesto que no se trata de un procedimiento sencillo, si bien es el que tenemos en casos en los que queda comprometida la seguridad del conjunto histórico”.

Asimismo, Cruci Díaz recuerda que “la filosofía y el espíritu del PEP nos hablan de un casco histórico vivo y habitado y eso es lo que se pretende desde Patrimonio, con la recuperación de estos edificios cuando sus propietarios no la llevan a cabo”.

El procedimiento de ejecución subsidiaria se desarrolla al amparo de los preceptos legales establecidos tanto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación  del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, como de la Ley de Procedimiento Administrativo, pudiendo llegar en su caso, para que los propietarios asuman los gastos de la intervención, a la aplicación del procedimiento recaudatorio en vía voluntaria o en vía ejecutiva.