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Plan de Financiación de las Universidades Canarias |
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martes, 09 de septiembre de 2008 |
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El Gobierno aprueba el Plan de Financiación de las Universidades Canarias para el periodo 2009-2013 La cantidad plurianual asciende a 1.387.647.786 euros El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Canarias para el periodo 2009-2013, que asciende a 1.387.647.786 euros, así como el Decreto por el que se delega en la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes la aprobación de los contratos programas a suscribir con cada Universidad.
Dicho Plan supone un importe máximo autorizado de 1.269.220.744 euros de Gastos de Funcionamiento en dicho periodo, lo que significaría un crecimiento de hasta un 4,5%, en función de la consecución de los objetivos del Contrato Programa que se establezca con cada una de las Universidades.
Asimismo, este Plan de Financiación contempla la aprobación de la ampliación de los Gastos de Inversión en tres anualidades más -las comprendidas del 2011 al 2013- hasta alcanzar los 118.427.042 euros en el periodo 2009-2013.
Este importante esfuerzo inversor del Gobierno ha tenido como objetivo estratégico garantizar una educación superior de calidad al dotar a las Universidades Canarias de los recursos necesarios para la adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior. Además, pretende estimular los procesos de transferencia de conocimiento desde la Universidad hacia el tejido productivo y mejorar la competitividad dentro y fuera del sistema universitario.
El plan marco de financiación a las Universidades permitirá también garantizar la cobertura de las necesidades sociales y la financiación de un estándar mínimo de calidad investigadora de la plantilla del profesorado; cubrir los costes de transición a un modelo de enseñanzas de grado y posgrado, así como establecer un marco de estabilidad presupuestaria entendida como situación estructural de equilibrio o superávit presupuestario. Por último, se persigue mejorar la eficiencia del uso de los recursos por parte de las universidades; estimular la participación de los agentes socioeconómicos en los programas de inversiones universitarias y establecer un incremento progresivo de la proporción de financiación pública vinculada a la consecución de objetivos y resultados.
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