Es un hecho incuestionable que existe un obsesivo intervencionismo político en la gestión de la sanidad pública canaria. En nuestra comunidad autónoma la inoperancia y la poca preocupación de nuestros dirigentes en materia sanitaria es un hecho que todos saben y conocen y que resulta ser una realidad demostrada.

Que Canarias se encuentre en el penúltimo lugar en cuanto a calidad en sus servicios sanitarios  se refiere, en un sistema de baremación efectuada por los propios usuarios de la sanidad pública española, es un dato que no les afecta a los responsables políticos y directivos de nuestra sanidad. Y si, además, este dato viene ofreciendo retrocesos continuos, ya que no hace un año nos encontrábamos en el cuarto puesto por la cola, tampoco les preocupa ni les ocupa a nuestros gobernantes.   

La demagogia continua en querer dar explicaciones de las causas de este mal sistema sanitario público que padecemos, siempre confluye en la argumentación de la poca financiación que el estado presta a nuestra comunidad. Nunca se alude a una mala gestión de los recursos públicos destinados a nuestra sanidad, ni a la carencia de verdaderos profesionales gestores del sistema, ni a la presunta corrupción permitida en los conciertos con centros concertados en un intento de desmantelar lo público para favorecer una privatización de los servicios, y que dan como resultado la nefasta sanidad que hoy tenemos los ciudadanos de estas islas. Listas de espera interminables en procesos quirúrgicos, en consultas especializadas, en analíticas y pruebas complementarias, las masificaciones tercermundistas en las urgencias hospitalarias con hacinamientos de pacientes maltratados en los pasillos a la espera de una cama de ingreso, las ausencias de camas hospitalarias, crónicas en nuestra isla de Tenerife que desde hace casi 30 años no tiene ninguna nueva en el sector público, los largos años de espera en la creación de nuevos centros sanitarios hospitalarios en el norte y sur de la isla, que cada vez dilatan más y más en el tiempo, las denuncias de pacientes en cuanto a errores médicos cometidos en el ámbito de esta presión desbordada que sufrimos los trabajadores sanitarios, de los continuos deterioros de aparatos diagnósticos y terapéuticos que aún ralentizan más las prestaciones que se han de dar, la contratación de estos servicios deteriorados intencionadamente a empresas privadas, que cada vez proliferan y aumentan a la sombra de los presupuestos del servicio canario de salud, son algunas de las verdades incuestionables y objetivas que todos saben y conocen menos ellos, nuestros gobernantes. Es una realidad de la que se encuentran al margen, rodeados de una burbuja de autocomplacencia, que los hace sentirse superiores, prepotentes, altaneros y soberbios en algo que repudia la mayor parte de la ciudadanía y que no quieren aceptar en una huída hacia delante.

 

Pero es que, además, siguen mintiendo cuando aluden que uno de los problemas fundamentales por las que pasa el servicio público sanitario es la falta de médicos y de especialistas en el propio sistema de salud. Porque ocultan y no dicen cuales son los fundamentos de esta falta de profesionales sanitarios. No dicen de la fuga que existe desde lo público a lo privado, que, sorprendentemente, se nutre de los mismos dineros y presupuestos que la pública; eso si, pero que remunera a sus facultativos con más de tres o cuatro veces lo percibido en una nómina mensual en un hospital de la red pública. Y eso es jugar con pólvora ajena.

Un empresario de una clínica privada, con lo que le paga el Gobierno de Canarias en concertar sus servicios, de los presupuestos de todos los canarios, se permite el lujo de abonar una nómina que triplica los profesionales públicos, con los mismos presupuestos de las arcas públicas. ¡Una verdadera indignidad que hace que el mismo Servicio Canario de Salud sea su propio competidor en materia sanitaria ¡

No dicen que los médicos de la sanidad pública están cansados y aburridos del trato recibido, con una desmotivación galopante, con sueldos mucho más bajos que los de otras comunidades españolas o de otros países, y de la misma privada como ya he dicho, lo que les condiciona marcharse en busca de un mejor porvenir. No dicen de los contratos basura que mantienen durante años y años en interinidades eternas sin ofertar plazas fijas en concursos públicos. No dicen del nulo apoyo en formación continuada de sus facultativos que tienen que buscar externamente financiación para realizarla, a costa incluso de su propio peculio personal importándoles nada la calidad asistencial o la propia ética profesional.

Lo único que dicen es que existe un grave déficit de médicos y de especialistas en nuestra red pública, de que deben aumentarse más las plazas de alumnos en las facultades de medicina para paliar esta ausencia de profesionales. Y argumentan que deben contratar en el mercado foráneo a facultativos sin títulos homologados, sin colegiarse en los colegios profesionales, sin ninguna garantía en cuanto a calidad se refiera. Y contratan servicios en conciertos específicos con la sanidad privada sin controles ni acreditación mantenida en una garantía de dar calidades homologables similares a la ofertada en la pública. Y a los hechos me remito en cuanto a los innumerables ejemplos de mala calidad asistencial dada en la privada que retornan a la pública buscando remediar lo antes realizado, junto a la no aceptación de casos clínicos complejos que puedan no ser rentables económicamente. Les da igual con tal de sacar adelante sus burdos intereses. Les da igual lo que opine la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, la Organización Médica Colegial, los Sindicatos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, el Consejo Nacional de Especialidades y el de Estudiantes de Medicina. Y lo que dice y denuncia el Diputado del Común, y las asociaciones de usuarios, y los grupos políticos del arco parlamentario, y los representantes sociales de los trabajadores, los profesionales sanitarios y los informes del sociobarómetro sanitario, y las opiniones de los ciudadanos de a pie….Les da lo mismo lo que opine toda la sociedad; están en lo que creen su propia finca particular, son los dueños del sistema con el que se enriquecen, ellos y sus allegados y protegidos, económica y socialmente….

Es una auténtica falacia  este argumento. Engañan sin piedad a los ciudadanos. No les interesa poner remedios a estos males que azota nuestra sanidad. Y quiero poner un ejemplo palpable de lo que estoy diciendo.

En una situación totalmente inexplicable, a un especialista y Jefe de Servicio en Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario de Canarias (HUC), no se le concede por parte de la Gerencia y Dirección Médica del centro, la solicitud voluntaria de prorrogar hasta los 70 años de edad su  jubilación al haber cumplido 65 años.

Este especialista, con 40 años de ejercicio de su profesión, el Dr. Guillermo de la Barreda, con una sobrada y reconocida solvencia profesional, que realiza labores diarias asistenciales en un hospital que contempla el mayor número de pacientes en lista de espera quirúrgica en traumatología de toda la red canaria de los hospitales del archipiélago, que opera una o dos veces por semana, que realiza consultas ambulatorias y controla pacientes ingresados hospitalarios, no se le admite una prórroga para seguir realizando su trabajo a pesar de encontrase en plenas facultades físicas, mentales y por tanto profesionales.

Pero: ¿podemos permitirnos en Canarias el lujo de no contar con un afamado especialista médico que voluntariamente quiere seguir trabajando y que no lo hace por el cobro de un salario oficial? ¿Pero no habíamos quedado en que hacían falta especialistas médicos en nuestra comunidad? ¿Pero no aluden que deben contratar médicos sin experiencia, de otros lugares y que no existe oferta para nuevos traumatólogos?

La verdad es que no me sorprende la situación ya que, si reflexionamos y lo comparamos con el problema planteado en Educación con respecto a la demanda de homologación de los profesores no universitarios, el propio presidente de nuestro gobierno ha declarado que está dispuesto a contratar a interinos y a personal sin experiencia para cubrir las plazas, de lo que él quiere llamar y denominar calidad educativa. ¡Menuda calidad ¡

Se dan tres circunstancias que nos hace reflexionar sobre el particular. Primera que es una solicitud voluntaria del trabajador para prorrogarse. Segunda sus plenas capacidades profesionales vigentes. Y tercero, que su ausencia laboral puede traer, como no lo dudo, una merma aún mayor de la asistencia en esta especialidad en Tenerife lo que hará empeorar las listas de espera y las demoras en consultas de la ortopedia y traumatología. Pero les da lo mismo. Siguen utilizando la demagogia, la mentira y la falacia con tal de mantener sus criterios a contracorriente y a pesar de todo.