Por/Pablo Molinero
Portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia

 

A la hora de valorar la elección de Carlos Dívar, desde hace 7 años presidente de la Audiencia Nacional, técnico de un gran prestigio y nada político, como presidente del CGPJ, no podemos entender algunas de las críticas que ha recibido.

Desde Jueces para la Democracia y por parte de algunos de los vocales progresistas recientemente nombrados al CGPJ, la crítica que se le ha dirigido es que es una persona con convicciones religiosas. Así sin más. Y da a entender que por tener tales convicciones se encuentra en un supuesto de incompatibilidad profesional para el ejercicio de un cargo público, el que sea.

 Ante un nombramiento que para la gran mayoría de la sociedad resulta positivo ya que reduce  la imagen politizada de este órgano del poder judicial, que además el Ejecutivo dice que puede favorecer los consensos y de quien los medios de comunicación resaltan su talante conciliador, Jueces para la Democracia y algunos vocales progresistas esgrimen un argumento inaceptable e incomprensible: que tiene convicciones religiosas.

 

Quizá el vocal de al lado las tendrá también, o será ateo, militante  de Greenpeace o Amnistía Internacional, o todas o varias de las posibilidades anteriores, pero solo el hecho de tener convicciones religiosas, inhabilita al señor Dívar como Presidente del CGPJ. ¿Acaso Carlos Dívar apoya sus decisiones judiciales en versículos del Evangelio, el Corán o el Talmud?. ¿Recibe llamadas de Benedicto XVI cuando instruye con notoria eficacia y honestidad un proceso contra un narcotraficante o un terrorista, hechos por los que se encuentra entre las personalidades en España necesitadas de especial protección frente a criminales de esa índole?.

 El OLR se pregunta por el origen de esa hostilidad hacia la religión, la cual cuestiona la capacidad de esos vocales del CGPJ y del portavoz de Jueces para la Democracia, cuando las decisiones que tengan que tomar incluyan , por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia.

Recordamos e insistimos en la importancia de que la religión sea reconocida como un elemento positivo para la convivencia social, y que las personalidades públicas puedan expresar abiertamente sus convicciones sin que ello menoscabe su desarrollo profesional, ni suponga algún tipo de discriminación inconstitucional.