Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas (Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato) del Área de Educación para la Ciudadanía.

La Consejería de Educación canaria niega que el derecho a objetar sea fundamental y alega, además, que "no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare". Para V. E. Colmeiro, portavoz de la Plataforma Tenerife Educa en Libertad, cuyo blog es http://tenerifeeducaenlibertad.blogspot.com/.

La postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental.  "En primer  lugar",  asegura, "el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental". Colmeiro añade que "resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar, este derecho, que existen sentencias contradictorias. Y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo".

Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que en la actualidad existen 39 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y más de 60 Autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de esta asignatura. "Estas materias", asegura Colmeiro. "tienen como objetivo, según el Real Decreto que desarrolla sus contenidos, "profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introduce en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres".

 

Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles, todos ellos relacionados con la objeción a Ciudadanía.

Hay que señalar, finalmente, que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores. Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP) o sus socios se muestran muy beligerantes con los objetores hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos.