Beatriz Corredor destaca que las autonomías han mostrado desde el principio un gran interés por el Plan
    
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado hoy en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, (PEVR) aprobado ayer en la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada en Barcelona. Con ello, la ministra ha querido mostrar “el respeto a la institución en la que nos encontramos, como depositaria de la soberanía nacional y fuente de legitimidad del Poder Ejecutivo”.

La ministra, que ha destacado que “la búsqueda del mayor consenso posible ha sido una determinación personal que ha estado presente durante todo el proceso”, ha querido subrayar que en los últimos meses se han multiplicado las consultas a las Comunidades Autónomas, las cuales “han mostrado desde el principio un gran interés por el Plan, cuyo primer borrador han enriquecido con sus numerosas aportaciones”.

Beatriz Corredor ha explicado que en los últimos cinco meses se han celebrado tres Conferencias Sectoriales, así como varias multilaterales a nivel de directores generales y reuniones de grupos de expertos. Asimismo, “agentes sociales y económicos han sido informados de las líneas principales del nuevo Plan y han transmitido sus inquietudes y comentarios al respecto. Las aportaciones de estos agentes han sido muy significativas.

En su alocución en la Cámara Baja, la titular de Vivienda ha destacado las graves consecuencias que la crisis internacional está teniendo en la economía española y de manera especial en el sector de la construcción, al tiempo que ha señalado que el Gobierno ha reaccionado para paliar esta situación a través de la aprobación de un paquete de medidas excepcionales.

 

“Coherentemente con esta coyuntura, -ha dicho la ministra- el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 busca, siguiendo los objetivos marcados por el presidente del Gobierno para la presente legislatura ya desde su debate de investidura, aunar los intereses de los promotores y constructores en reactivar el sector inmobiliario, con los intereses de cientos de miles de ciudadanos que necesitan disfrutar de un hogar”, para lo que el Plan quiere llegar a más ciudadanos, desde las rentas medias a los más desfavorecidos, pero reforzando la atención prioritaria de los colectivos vulnerables. Así, el objetivo del Plan es que al menos uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de la legislatura.

Doble voluntad estratégica

Partiendo de esta base, el PEVR nace con una doble voluntad estratégica. Por un lado, ha relatado Beatriz Corredor, “establece las bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos de política de vivienda, dirigidos a mejorar el acceso y uso de la vivienda por parte de las capas de población con dificultades” y, por otro, “aborda la realidad concreta inmediata de crisis en la que se halla inmerso el ciclo de la vivienda, que exige medidas coyunturales decididas para evitar una mayor degradación de la situación, pero también para sacar el máximo provecho de la producción sobrante de vivienda susceptible de ser reconducida hacia la atención de las necesidades de la población”.

Para cumplir estas premisas, el Plan se plantea, entre otros fines fundamentales: facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda mediante la creación de suelo apto; la promoción de vivienda protegida; la creación de un parque público de VPO en alquiler; la rehabilitación y renovación de los tejidos residenciales urbanos y rurales existentes; y la gestión de ayudas a los demandantes de vivienda en alquiler y en compra, con el consenso de todas las administraciones.

Los objetivos del Plan

Beatriz Corredor ha explicado que el PEVR 2009-2012 establece como fundamental que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no debería superar la tercera parte de sus ingresos. Para ello, “el Plan mantiene los precios máximos vigentes para las viviendas protegidas, recomendando a las Comunidades Autónomas que contemplen, en las posibles modificaciones de los ámbitos territoriales, su repercusión en los esfuerzos económicos que deberán hacer los ciudadanos de cada uno de sus municipios”.

El Plan, asimismo, prevé que la vivienda protegida no sea exclusivamente de obra nueva, sino que aprovecha el parque de viviendas existente. Por eso, en sus disposiciones transitorias, prorroga durante 2009 la posibilidad de calificar como VPO viviendas libres terminadas o en construcción. También durante ese periodo podrán adquirir viviendas de régimen concertado aquellas familias de rentas medias con ingresos de hasta siete veces IPREM. Igualmente, como medida transitoria, no tendrá vigencia el periodo mínimo de un año para considerar la adquisición de vivienda libre como vivienda usada a efectos de su adquisición como protegida.

Por lo que respecta al alquiler, el objetivo marcado por el Plan es que el 40% de sus actuaciones se destinen al arrendamiento, para lo que se refuerzan las ayudas a la promoción, así como a la adquisición y urbanización de suelo destinado a este fin, potenciando la figura de los alojamientos para colectivos específicos o vulnerables.

Beatriz Corredor ha explicado que “una preocupación compartida por todos es que la producción de VPO sea adjudicada con criterios de transparencia, publicidad y concurrencia, controlados por la Administración pública”. En este sentido, ha aclarado que “los registros de demandantes son un instrumento eficaz para aportar transparencia; no son exclusivamente instrumentos de control del fraude, sino también una herramienta directa y sencilla para conocer a los demandantes y diseñar políticas más adaptadas a sus necesidades”. En el Plan se establece un plazo de un año para que las Comunidades implanten su registro de demandantes. Se busca, además, que las medidas incluidas en el mismo sean de general conocimiento, especialmente por los ciudadanos que más las necesitan.

La ministra ha defendido como “un principio de justicia y solidaridad” que “las viviendas protegidas, que representan el esfuerzo de toda la sociedad, permanezcan el mayor tiempo posible al servicio de los colectivos necesitados de esas viviendas”. Por eso, se calificará de forma permanente las viviendas en suelo protegido público o dotacional mientras persista la clasificación del suelo y, en todo caso, 30 años.

Rehabilitación y RENOVE

Uno de los elementos más reforzados es la rehabilitación -hasta el punto de que la misma pasa a formar parte de la denominación del Plan- para incrementar la actividad de intervención y mejora en el parque construido, incluidos los núcleos rurales.

Además, Beatriz Corredor ha explicado que “el Ministerio hace una apuesta decidida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mejorando la eficiencia energética del parque construido. Por eso, el Plan integra las ayudas RENOVE destinadas a dos fines. Por una lado, la mejora de la eficiencia energética, tanto en la nueva construcción como en rehabilitación, y, por otro, la de la accesibilidad.

Otras de las características del PEVR destacadas por la titular de Vivienda ha sido la adaptación del mismo a las necesidades de cada territorio., como por ejemplo en la fijación de las superficies de VPO, si bien la ayuda estatal financiará hasta 90 metros cuadrados; la corresponsabilidad entre Estado, Comunidades y Ayuntamientos y la simplificación en su articulado.

Oferta Pública de Compra de Suelo

En la misma comparecencia, la ministra ha detallado el contenido de la Oferta Pública de Compra de Suelo, que está realizando el Ministerio a través de SEPES con el objetivo de “dinamizar desde el sector público la urbanización de suelo para viviendas protegidas en un momento en que el frenazo del mercado inmobiliario podría ralentizar la construcción de vivienda protegida”.

Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. Además, la oferta se realiza para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas.

Sólo serán acometidas operaciones económicamente viables, y en las que SEPES tenga la iniciativa urbanística. Asimismo, tendrán preferencia las ofertas de suelo con un grado de desarrollo más avanzado que permita una transformación más ágil del mismo. En todo caso, la ministra ha subrayado que “sólo se comprará edificabilidad residencial a precio del suelo de vivienda protegida”.

El plazo de presentación de ofertas terminará el próximo 29 de diciembre. Una vez concluya este plazo de presentación de ofertas, SEPES tendrá cuatro meses para su estudio y selección, periodo en el que se consultará a las Comunidades y Ciudades Autónomas y Ayuntamientos.

Sociedad Pública de Alquiler

También ha sido objeto de la comparecencia la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), de la que la ministra ha dicho que es un instrumento de la política de vivienda del Gobierno “cuyo fin es ampliar, dinamizar y profesionalizar el mercado de arrendamientos, ofreciendo una gestión integral del alquiler y nuevos productos para garantizar al propietario el pago de la renta y la devolución de su vivienda en buenas condiciones.

La ministra ha defendido que, desde que se puso en marcha hace tres años, la SPA ha conseguido introducir cambios relevantes en el mercado del alquiler. Entre otros, “ha colaborado directamente en algunos casos en potenciar y en otros en crear el alquiler como una línea de negocio de los empresarios del sector inmobiliario”. Asimismo, la SPA ha conseguido que la patronal del seguro y las empresas más importantes de este sector generalicen productos de seguros que aportan garantías a la relación arrendaticia.

Por otra parte, la Sociedad Pública de Alquiler ha realizado grandes esfuerzos para la colaboración con diferentes Administraciones territoriales, lo que se ha plasmado en la firma de convenios de colaboración con doce Comunidades y Ciudades Autónomas y con 58 Ayuntamientos. “Todas estas firmas de convenios de colaboración entre estas distintas Administraciones territoriales demuestran el apoyo manifiesto al servicio que presta la SPA como herramienta dinamizadora del mercado del alquiler”, ha declarado la ministra.

En cuanto a la gestión directa que realiza la SPA, Beatriz Corredor ha señalado que en sus tres años de existencia ha evaluado 31.625 viviendas; 12.361 propietarios han aceptado la oferta de la Sociedad; se han suscrito 8.410 contratos de arrendamiento, que han facilitado el acceso a la vivienda a más de 17.000 ciudadanos. En estos momentos, la SPA está evaluando 2.048 viviendas y dispone de 2.038 viviendas publicadas pendientes de arrendamiento.