En 1971 el Hospital General y Clínico -hoy H.U.C.- abría sus puertas para la atención sanitaria de Tenerife. Empecé a trabajar allí un año después: en 1972. He conocido toda su historia y, de una u otra forma, he contribuido, con mi pequeño aporte, a conformar lo que fue, es y será ese centro sanitario. Tengo conocimiento de causa cuando expreso mi opinión en temas referentes a su problemática actual.

Durante casi 30 años fue el Cabildo de Tenerife su propietario y gestor, definiéndolo como “la joya de la corona”, el “buque insignia”, su más preciado bien del que todos los tinerfeños nos sentíamos orgullosos. El pueblo de Tenerife lo consideraba y estimaba en gran medida y ponderación.

En 1974 inició su concertación con el Instituto Nacional de Salud (INSALUD). En 1994, con las transferencias sanitarias, fue la Consejería de Sanidad quién se subrogó en los derechos y obligaciones existentes entre el HUC y el INSALUD, pero el Cabildo notificó al Gobierno de Canarias la no integración  de sus establecimientos sanitarios en el  Servicio Canario de Salud (SCS)

En Mayo del 2000 se formalizó la creación del Consorcio Sanitario de Tenerife (CST), que a su vez suplía al anterior organismo denominado Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife (HECIT). que regularon la relación con el SCS, la Consejería de Sanidad y la Universidad de La Laguna hasta la actualidad.
 
El CST se ha venido rigiendo por unos Estatutos que mantienen su vigencia hasta el día de hoy. Dicen estos Estatutos que el Cabildo de Tenerife adscribe al CST su personal, tanto fijo como temporal que, en aquel momento, año 2000, prestaba sus servicios en el HUC, con total reconocimiento de sus derechos laborales tal y como se prevé en el Capítulo III de los mismos. También el CST se subroga en los derechos y obligaciones del Cabildo derivados del convenio con la Universidad quedando adscritos al Consorcio los profesores universitarios.

 

Tras esta serie de avatares históricos por los que ha pasado el HUC en sus 37 años de existencia, llega el momento de una nueva situación: su integración en el SCS.

Para este cometido se ha creado una comisión negociadora conformada con representantes de la administración y de los trabajadores para lograr un acuerdo en la forma en que se producirá la integración del personal trabajador antes de acometer la Disolución del CST,  quién, en el Capítulo V de sus Estatutos, define el método legal para realizarlo expresando: “que el personal que se halle prestando servicios al finalizar el mismo, volverá a su empresa de origen con los derechos y obligaciones que tuviera consolidados en el momento de la disolución”. Y esa empresa de origen no es otra que el Cabildo Insular de Tenerife.

Por tanto, no es de extrañar que el próximo día 1 de Enero del 2009 más de un millar de trabajadores fijos del HUC que prestaban sus servicios antes del año 2000 en que constituyó el CST, nos presentemos en las puertas del Cabildo para conocer donde vamos a trabajar a partir de ese momento.

No es de recibo, y probablemente hasta ilegal, que en esa comisión negociadora, presidida por un funcionario de la Consejería de Sanidad  y miembro del Consejo de Administración del CST, no se encuentre el Presidente del Cabildo o el Vicepresidente, ya que se trata de la disolución de un Consorcio donde trabajan más de 3000 trabajadores que tienen, de algún modo, una vinculación con el Cabildo. Pero es que no hay nadie de esa mesa que represente a la institución insular. La comisión la integran y dirigen personas de segunda fila que intentan con la integración acabar con los derechos laborales y desguazar y liquidar el HUC, reduciendo la dotación de plantilla que nuestro centro demanda. Hay que recordar que el HUC tiene un déficit de más de 600 sanitarios con respecto a los otros hospitales de III nivel en nuestra comunidad.

La integración que pretende el SCS y el gobierno del PP y CC, no favorece en nada al HUC y en todo lo perjudica. Es grave y preocupante  la trayectoria de futuro que quieren para nuestro hospital, referencia de Tenerife durante más de 37 años.

Hay que evitar e impedir entre todos, los trabajadores los primeros, este apresurado intento de disolución del CST que en dos meses quieren finiquitar. Casi cuatro décadas de existencia  disueltos y liquidados en cuanto a  derechos, sentimientos y hasta vidas, sin olvidar el incierto futuro de los 400.000 usuarios del Área Norte y de La Palma  que no sabemos en que situación quedará.