Los beneficiarios de la prestación participarán en los programas del Servicio Canario de Empleo en las medidas dirigidas a la mejora de la empleabilidad y la inserción social   

Las Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y de Empleo, Industria y Comercio, del Gobierno de Canarias han firmado en la mañana de hoy un acuerdo para la coordinación de la participación de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción en las medidas dirigidas a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral.

El presupuesto para la prestación canaria de inserción se elevará en más de un 66 % durante el 2009 en previsión de aquellas personas que atraviesen dificultades económicas por motivo de la crisis, pérdida de su puesto de trabajo o del seguro de desempleo.

 

Se trata además de una partida ampliable hasta el número de ayudas que sea preciso reconocer, con lo que se confirma la voluntad de este Gobierno de de apoyar a aquellas familias que más lo necesitan

La Ley de Prestación Canaria de Inserción vincula la percepción de dicha ayuda a la realización de programas de inserción, tanto por el solicitante, como por toda la unidad familiar, que participará y se comprometerá, mediante consentimiento expreso en programas de inclusión.

El acuerdo que se ha firmado hoy priorizará la atención a las personas que reciben la Prestación Canaria de inserción, para un efectivo acceso al mercado laboral.

Así, el Servicio Canario de Empleo tendrá en cuenta las circunstancias personales de estas personas en aquellas contrataciones que se realicen a través de los planes de empleo en los que participa Canarias.

Además, se fomentará la contratación de personas incluidas en colectivos específicos, como son ex reclusos o ex toxicómanos, y se dotará de incentivos a las empresas que los contraten.

Tal y como afirmó a la directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez, "lo que se pretende es crear plazas de inserción para la efectiva y definitiva inserción del trabajador en el mercado laboral".

"Además-prosiguió Sánchez- será un instrumento muy importante porque al priorizar la atención de este colectivo, junto con otros de difícil insertabilidad laboral, el Servicio Canario de Empleo va a emplear lo mejor de sus recursos materiales y personales en su inclusión".

La directora destacó también que "no sólo se van a tener en cuenta los aspectos relativos a la formación y al empleo, sino también otras dimensiones tanto personales como familiares que pueden imposibilitar y limitar el éxito en las acciones de inserción laboral para los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción".

Por su parte, el director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova, consideró que este acuerdo es un paso adelante en la coordinación entre administraciones públicas para mejorar la gestión de las políticas sociales y de empleo.

En esta línea, Génova destacó la importancia del empleo como elemento integrador y necesario para el desarrollo personal y social, a la vez que subrayó la especial sensibilidad y el compromiso del SCE para facilitar el acceso al mundo laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar trabajo.

Datos en Canarias

Actualmente, 1.521 familias canarias están percibiendo la Prestación Canaria de Inserción.

El 41% de los hogares que reciben la Prestación Canaria de Inserción son monoparentales cuya persona principal es una mujer, mientras que el 46% de los hogares son unipersonales.

En cuanto al sexo, el 74% de los solicitantes son mujeres, frente al 25,3% que son hombres. Además, el 76,3% de los solicitantes se encuentran en paro, y de éstos, el 47,6% poseen estudios de primaria, y el 25,6% el graduado escolar.

Los solicitantes son en su mayoría mujeres, con una media de edad elevada de unos 46 años.

Los 1.521 beneficiarios de las ayudas, están incorporados a un conjunto de acciones de inserción e integración, en concreto a unas 774.

De ellas, 303 son acciones de orientación profesional y autoempleo; 184 son acciones para la consecución de empleo mediante programas experimentales; 146 acciones forman parte de políticas activas de empleo de diversa índole; 80 son acciones de inserción sociolaboral en empresas de inserción; y en 61 casos se realizan obras y servicios de interés general y utilidad social.